Columna de opinión de Cecilia Flores E., investigadora del área legislativa, quien escribió para el boletín “Observatorio de género y equidad” de este mes.

Participación ciudadana

La participación ciudadana puede manifestarse en diversos ámbitos de la gestión pública. Una de ellas es la que se da al interior del Congreso Nacional, donde se tramitan las leyes y se generan las normas que estamos obligados a respetar.

Para desconocimiento de muchos no son pocos los mecanismos que nuestro sistema contempla para que los ciudadanos participemos del debate legislativo. A continuación, algunos ejemplos de ellos.

Todo proyecto de ley, antes de ser conocido por la Sala de la Cámara de Diputados o del Senado, en razón de la materia que regula, debe ser discutido previamente en comisiones técnicas, en las cuales los parlamentarios están facultados para solicitar la opinión de las instituciones y personas que estimen convenientes. Es más, en ciertas ocasiones están obligados a ello y así los dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados en virtud del cual -tratándose de proyectos de ley sin urgencia o con una urgencia de 30 días- la comisión técnica que lo está conociendo, en forma previa al inicio del estudio del proyecto, está obligada a realizar una audiencia pública, la cual debe ser informada a través del canal de televisión y página web, para escuchar a las instituciones o entidades que tengan interés en la materia a que se refiere el proyecto.

Asimismo, existe un mecanismo bastante novedoso implementado por el Senado a través de su página web y que próximamente también estará disponible en el sitio de la Cámara de Diputados, denominado “Senador Virtual”, en virtud del cual se ofrece a la ciudadanía la posibilidad de conocer algunos de los principales proyectos de ley que se encuentran en estudio en el Senado y pronunciarse sobre ellos e incluso proponer indicaciones al articulado del proyecto. Luego, las votaciones e indicaciones se ponen en conocimiento de los Senadores previa votación de la iniciativa.

También es oportuno destacar para estos efectos, la reciente creación del sistema de evaluación de la ley al interior de la Cámara de Diputados. Éste se enmarca dentro un convenio de cooperación suscrito con la OCDE y tiene por objeto analizar la eficiencia y eficacia de las leyes, como asimismo recoger la opinión ciudadana, de tal manera que la sociedad civil pueda expresarse, hacer sugerencias y plantear inquietudes en relación a las leyes que la Cámara se encuentre evaluando.

Hasta hoy, la experiencia nos ha demostrado que la participación ciudadana en el Congreso Nacional se realiza principalmente a través de organizaciones sociales, entre las que se encuentran las asociaciones empresariales, sindicales y profesionales; las universidades, centros de estudios y organismos no gubernamentales, entre otros, los cuales cumplen una labor fundamental en el perfeccionamiento de las iniciativas legales, aportando nuevos antecedentes tanto jurídicos como prácticos, contribuyendo con ello a mejorar y enriquecer el debate. En este ámbito surge la oportunidad para que diversas ONGs ligadas tanto a la promoción de los derechos de la mujer y la familia, como al resguardo de otros intereses, logren difundir sus posiciones, de maneta tal de influir en el debate.

De aquí la importancia de potenciar al interior de nuestra sociedad la conformación de organizaciones con intereses y  fines comunes, así como también la creación de mecanismos como los señalados anteriormente, ya que de esta manera contribuiremos a desarrollar una sociedad con ciudadanos más empoderados, activos e informados acerca de las normas que, en el futuro, determinaran su actuar.

VER COLUMNA

Cecilia Flores E.
Investigadora del área legislativa
El Observatorio de Género y Equidad 30.11.2011