Sr. Director:

En una interesante columna la economista de la PUC,  Cecilia Cifuentes, señala las principales deducciones del informe titulado The sustainable demographic dividend. Como ella misma lo señala “las conclusiones, en general consistentes con el sentido común, deberían ser parte central del diseño e  implementación de las políticas públicas.”

A nuestro juicio ello exige -para que la familia tenga la prioridad acorde a su importantísima función social-  avanzar hacia una auténtica “política familiar”. Por ella se entiende un conjunto de intervenciones de los poderes públicos cuyo objetivo es facilitar a los miembros de la familia los recursos necesarios, no solamente económicos, para que puedan desempeñar su rol familiar de la mejor manera posible.

Hasta ahora, la mayoría de las políticas públicas han sido diseñadas para las personas individualmente consideradas o para grupos organizados en torno a un fin. Lo que se propone, en cambio, es tener a la familia –familias concretas– como sujeto social y destinataria directa de servicios y recursos. Los ejemplos de la extensión del post natal y del ingreso ético familiar van en esa dirección. Esperemos que estos esfuerzos sean el comienzo de la implementación de políticas públicas desde una “perspectiva familiar”, donde el bienestar o fortalecimiento de la familia sean el criterio orientador de las políticas públicas.

Manuel Uzal
Director Área de Estudios
La Tercera 18.01.2012