El Ejecutivo ha propuesto un proyecto de ley que modifica sustancialmente el modelo de financiamiento de la defensa. Una primera diferencia relevante es que actualmente se considera un mecanismo de financiamiento en base a los ingresos provenientes del cobre, de carácter anual y que privilegia la inversión en equipamiento, desatiende los gastos de operación y mantenimiento. La nueva propuesta distingue entre el financiamiento de actividades generales y de capacidades estratégicas. Para las primeras mantiene un financiamiento anual en el Presupuesto de la Nación y para las segundas introduce un sistema compuesto de un presupuesto de cuatro años que se extiende anualmente con la aprobación de un año adicional, y un Fondo de Contingencia Estratégico, destinado a enfrentar situaciones de crisis, conflicto armado o catástrofes. Este financiamiento plurianual permite una planificación de mediano y largo plazo, y evita que los recursos dependan del precio internacional del cobre, variable inestable.

Otra diferencia relevante es el rol que se asigna al Congreso en el control del gasto, ya que se le abre la oportunidad de recibir información para evaluar cómo invertir en capacidades estratégicas.

También cabe destacar la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa como un elemento indispensable para la adecuada aplicación del nuevo modelo de financiamiento, la cual establecerá un diagnóstico para el país desde el punto de vista de su defensa y seguridad externa, señalando los objetivos nacionales que se pretenden, y las vías y medios para alcanzarlos.

Una última diferencia relevante son los mayores niveles de transparencia, en la medida que, por una parte, se deroga la Ley Reservada del Cobre, que supone una opacidad que pugna con el principio constitucional de publicidad y transparencia, y con el contenido esencial del derecho de acceso a la información; y, por otra, se propone limitar el tratamiento secreto y reservado sólo a lo estrictamente necesario, es decir, a la compra de material bélico, a la infraestructura asociada, y a su operación y sostenimiento. Siguiendo esta lógica, debiera recaer en el Congreso la labor de equilibrar la transparencia con la estabilidad y efectividad de la defensa nacional. Para ello la reserva debiera ser excepcional, sin extenderse al financiamiento de actividades generales ni de los gastos reservados.

La existencia de una estrategia nacional de largo plazo y que defina con precisión las capacidades militares necesarias para cumplirla, y un modelo de financiamiento mediante presupuestos plurianuales, permitirá avanzar enormemente en transparencia y posibilitará un adecuado control de la inversión del presupuesto militar.

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Jorge Jaraquemada
Director Ejecutivo Fundación Jaime Guzmán
La Segunda