A propósito de la calamidad anunciada por el columnista y miembro del Consejo Directivo del SERVEL don Alfredo Joignant en su reciente columna titulada del modo que encabeza esta carta, podemos concordar o disentir en el alcance de sus conclusiones.  Desde luego no las comparto, pues el tenor del artículo 7° transitorio de la Ley 20.915, que reformó la Ley de Partidos, ordena que, si el partido no alcanza el mínimo de afiliados exigido por la ley en cada una de al menos ocho regiones o tres regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto.  Entre paréntesis, cabe rectificar la cita efectuada en la columna, pues el precepto legal transcrito está en la Ley de Partidos Políticos y no en la de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia.  Por lo tanto, el vencimiento del plazo no trae como consecuencia inmediata la catástrofe anunciada, sino el inicio del procedimiento previsto en el Título VIII de la Ley 18.603.  En términos jurídicos y prácticos, la diferencia entre lo dicho por el columnista y lo dispuesto en la ley es notoria. Desde luego, esto no libera a los partidos del deber de asegurar un número mínimo de militantes en los términos que indica la ley, y ya veremos cómo cumplen esa carga para subsistir y desempeñarse como actores esenciales de la política.  En fin, ni el texto, ni el contexto constitucional, ni la historia de la deliberación legislativa permite compartir la opinión del columnista, en el sentido que la llegada de ese día disuelve automáticamente a los partidos que no cumplan esa meta.

Todos somos libres de opinar, pero en una democracia los que sirven cargos públicos debieran ser más aprensivos al ejercer este derecho. Siendo el Consejo Directivo del Servicio Electoral del que Joignant forma parte un órgano llamado a pronunciarse sobre la materia en que recae la columna que comentamos, para cualquier lector es lícito preguntarse si los juicios apocalípticos allí enunciados son compartidos, o no, por el Consejo.

Héctor Mery

2 de febrero de 2017, La Segunda